Con la publicación en el BOE del miércoles 6 de mayo de 2014 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el Consejo de Ministros del 30 de abril pasado, entra en vigor la principal norma de desarrollo de la Ley 10/2010 PBC-FT.

Con la aprobación del real decreto, se procede, por un lado, a culminar el nuevo enfoque orientado al riesgo de la normativa preventiva en España, incorporando asimismo las principales novedades de la normativa internacional surgidas a partir de la aprobación de las nuevas Recomendaciones de GAFI; si bien el enfoque orientado al riesgo estaba ya incorporado en la Ley 10/2010, de 28 de abril, este real decreto procede al desarrollo y concreción de dicho concepto.

Cada sujeto obligado tendrá que aproximarse al real decreto con las siguientes consideraciones principales:

  1. Existen identificadas obligaciones de diligencia debida normales, simplificadas y reforzadas con umbrales concretos.
  1. Existen identificadas obligaciones de información también con umbrales concretos
  1. Existen identificadas obligaciones de medidas de control interno con igualmente umbrales concretos.

De especial interés son los umbrales dentro de las medidas de control interno.

Así, “Los corredores de comercio (seguros) y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u) [es decir no a todos los sujetos obligados], ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este artículo y en los artículos 32 [Análisis riesgo], 33 [Manual de prevención], 35 [órganos de control], 38 [Examen externo] y 39 [Formación]. Estas excepciones no serán aplicables a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras”.

En definitiva, cualquier sujeto obligado de los referidos anteriormente, tendrá que cerciorarse si está dentro de estos umbrales para adaptar su sistema de PBC-FT al Reglamento.

Por otra parte, el Reglamento establece que los procedimientos de control interno deberán permitir al sujeto obligado lo siguiente:

  • Centralizar, gestionar, controlar y almacenar de modo eficaz la documentación e información de los clientes y de las operaciones que se realicen.
  • Verificar la efectiva aplicación de los controles previstos y reforzarlos en caso necesario.
  • Adoptar y aplicar medidas reforzadas para gestionar y mitigar los riesgos más elevados.
  • Agregar las operaciones realizadas a fin de detectar potenciales fraccionamientos y operaciones conectadas.
  • Determinar, con carácter previo, si procede el conocimiento y verificación de la actividad profesional o empresarial del cliente.
  • Detectar cambios en el comportamiento operativo de los clientes o inconsistencias con su perfil de riesgo.
  • Impedir la ejecución de operaciones cuando no consten completos los datos obligatorios del cliente o de la operación.
  • Impedir la ejecución de operaciones por parte de personas o entidades sujetas a prohibición de operar.
  • Seleccionar para su análisis operaciones en función de alertas predeterminadas y adecuadas a su actividad.
  • Mantener una comunicación directa del órgano de control interno con la red comercial.
  • Atender de forma rápida, segura y eficaz los requerimientos de documentación e información de la Comisión, de sus órganos de apoyo o de cualquier otra autoridad pública legalmente habilitada.
  • Cumplimentar la comunicación sistemática de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión o, en su caso, la comunicación semestral negativa.

Finalmente, como conclusión de esta primera aproximación al nuevo Reglamento LPBC-FT, los sujetos obligados de la letra i) a u) y los corredores de seguros (si se confirma la errata) para adecuar su sistema de PBC-FT a la nueva norma tendrán que determinar si cumplen con los umbrales y, para ello, tendrán que tener en cuenta si forman grupo empresarial o no en los términos previstos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que incorporó, como novedades destacadas, la modificación del régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, la reforma del sistema de diligencia simplificada, la ampliación de las potestades del Consejo de Ministros a la hora de adoptar sanciones y contramedidas financieras internacionales y el establecimiento de la obligación de estructurar los procedimientos de control interno a nivel de grupo.

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